Test Oposiciones

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.3. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

 

Denominado también ordenación del gasto y contracción de la obligación.

 

El reconocimiento de la obligación, es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiere comprometido, según el principio del “servicio hecho”, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente lo otorgue.

           

Se trata, por tanto, de un acto contable que registra la existencia de un crédito frente al Estado, determinando el nacimiento de la obligación de pago. Es el momento, pues, en el que el Estado se reconoce deudor, legitimando la exigibilidad del crédito por el particular. Reconocida la obligación, el crédito sobre el que opera tal reconocimiento queda libre de ser calificado como remanente y consiguientemente de ser anulado al final del ejercicio.

 

Si  las obligaciones de pago tienen por causa las prestaciones o servicio a la Administración Pública, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación; por tanto, previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

 

El documento contable que se emite, es el documento “O”, junto a este documento se incluye, el certificado o acta de recepción del bien o servicio prestado por el acreedor.

 

El mismo acto de reconocimiento, incluye  la liquidación de la deuda reconocida, fijando su importe exacto.

 

Desde el punto de vista documental, a la formalización del reconocimiento se une la “propuesta de pago”, que el representante autorizado del Centro Gestor dirige al Ordenador general de pagos a través del documento “K”, que sirve de nexo entre la fase cuyo desarrollo tiene lugar en los centros gestores y la posterior de ejecución.

 

Todo reconocimiento de la obligación lleva implícita la correspondiente propuesta de pago, entendiendo como tal la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de una obligación para que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ordenador general de pagos proceda a efectuar la ordenación de su pago.

 

1.4. LA ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAGO

 

1.4.1. Ordenación del Pago

 

Consiste en la expedición de la orden o mandamiento de pago, documento dirigido a las Tesorerías del Ministerio de Economía y Hacienda para que hagan efectivo el gasto contraído.

 

La competencia para la ordenación de pagos se atribuye al Ministro de Hacienda y  a los Directores y Presidentes de Organismos Autónomos.

 

No obstante, está prevista el desempeño de las funciones de Ordenador General de Pagos al Estado por el Director General del Tesoro, admitiéndose asimismo la existencia de Ordenaciones de pago secundarias por delegación del Ordenador General, y bajo dependencia de éste.

 

Según se emitan antes o después de haber recibido la Administración la prestación que el gasto va a cubrir, las órdenes de pago se clasifican en:

 

-         Órdenes de pago “en firme”, que se acompañan de los documentos acreditativos del servicio hecho.

-         Órdenes “a justificar”, cuya expedición procede en los siguientes supuestos:

 

1.      Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago

2.      Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.

3.      En los casos de servicios no transferidos a las CCAA y que, por carecer la Administración Central de una estructura suficiente para llevarlas a la práctica, sea encomendada su realización a dichas Comunidades.

 

1.4.2. El Pago

 

Es el acto por el que la Administración se libera de su deuda, cancelando así su obligación.

 

Se instrumenta normalmente por transferencia bancaria o mediante entrega de cheques emitidos por la Tesorería del Estado contra la cuenta corriente del Tesoro Público del Banco de España, admitiéndose también la utilización de otros documentos o medios de pago, sean o no bancarios.

 

Aunque no exista un plazo determinado para proceder al pago, si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés legal del dinero establecido, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

 

El interés de demora, será el interés legal del dinero vigente el día que venza el plazo señalado en el número anterior, sin perjuicio de lo establecido en Leyes especiales.

 

La prescripción del derecho a exigir el pago de las obligaciones reconocidas o liquidadas, en el plazo de cinco años, contado a partir de la fecha de notificación del correspondiente reconocimiento o liquidación, remitiendo al Código Civil respecto a la interrupción de la prescripción.

 

 

 

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